El pasado 7 de septiembre de 2017, Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas presentaron una iniciativa de ley que, entre otras cosas, proponía realizar cambios al Artículo 15 A en materia de outsourcing. Esta propuesta resultó controversial porque según la opinión de algunos especialistas laborales podría tener efectos en términos de desigualdad y bienestar en los mexicanos.

Sin embargo, el pasado 6 de febrero, el senador del PRI Isaías González, anunció que retirarán la propuesta a las modificaciones. Explicó que la decisión obedece a que después de las reuniones con representantes del gobierno y la iniciativa privada, acordaron que se mantendrían sin cambios los artículos 15, 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo para mantener a salvo los derechos laborales de los trabajadores.

Por su parte, el Secretario del Trabajo, Roberto Campa Ciprián, señaló que en la regulación de la contratación vía outsourcing, deben prevalecer los principios de la reforma laboral de 2012, en donde se limita a tareas secundarias dentro de las empresas.

Es decir, la Ley se mantendrá como está actualmente, es decir, con ciertos topes a la contratación vía outsourcing. Por ejemplo, está prohibido que todo el personal de una empresa completa esté bajo ese esquema, tampoco se puede contratar de esa manera a alguien que realice el mismo trabajo que alguien contratado directamente y adicionalmente no se permite si la empresa se deslinda de sus obligaciones patronales o si busca transferir a sus trabajadores para tener menores derechos laborales.

El cambio repentino responde al interés de aprobar otros cambios relacionados con justicia laboral y especialmente a la reforma que busca que la las demandas en materia laboral sean resueltas por un órgano judicial.

La desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje

Las leyes secundarias que los senadores esperan que se aprueben en los siguientes días proponen la desaparición de las juntas locales de conciliación y arbitraje en un plazo de cuatro años a partir de noviembre de 2018.

Dentro de la iniciativa se contempla la creación de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, que tendría a su cargo la función conciliatoria en el orden federal y la atención del registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales.

La propuesta es que los tribunales de lo laboral empiecen a operar a partir del 7 de noviembre de este año, mientras tanto, las juntas tendrán cuatro años a partir de ese mes para despachar todos los juicios que tienen en trámite para que a partir de esa fecha los nuevos tribunales empiecen a operar con una carga cero, es decir, recibirán sólo nuevos casos.